Aborto, demografía y religión: notas para el debate (7)

Los argumentos a favor de la despenalización del aborto

Los actores a un lado y otro del debate sobre la despenalización del aborto, principalmente la jerarquía de las iglesias católica y evangélica, en asociación con grupos conservadores organizados, por un lado, y el movimiento feminista por el otro, buscan incidir dentro del ámbito jurídico. Los primeros, para detener lo que consideran un peligro para la moral y un atentado contra la vida humana y la civilidad de la sociedad, y los segundos para encontrar en el Estado un reconocimiento oficial a la autonomía de la mujer, al respeto a los derechos humanos, y por tanto a los sexuales y reproductivos y a la libre decisión en el ámbito reproductivo que exigen las mujeres para sí.

La posición a favor de la despenalización del aborto sustentada por las feministas y un amplio espectro de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ONG y personas se fundamenta en el derecho que tienen las mujeres a elegir si quieren ser madres y a tener la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, cuestión altamente relacionada con la autonomía de las mujeres, o su carencia. Reivindican así el libre acceso a la anticoncepción y al aborto y enfatizan el hecho de que las mujeres son dueñas de sus cuerpos antes que los otros y por tanto son ellas las que deben decidir libremente sobre él, incluido la interrupción de un embarazo no deseado.

Vinculado estrechamente con el derecho a decidir, la cuestión de los embarazos no planeados o no deseados y sus costos emocionales, económicos y sociales en la vida de las mujeres y sus familias se ha erigido en uno de los argumentos centrales de las y los que defienden el derecho al aborto.

El argumento del aborto como problema de salud pública se ha usado recurrentemente, ya que remite a las consecuencias adversas de los abortos inseguros. Pese a que es inherentemente imposible cuantificar con certeza los abortos inseguros, las estimaciones que se han hecho y hacen son elocuentes de su incidencia y la morbimortalidad que acarrean. Sus costos como problema de salud, además, implican a la persona, a la familia, al sector salud, al sector laboral, a la sociedad en su conjunto.

La cantidad de declaraciones y resoluciones firmadas por los países en las últimas dos décadas indica que existe un consenso cada vez mayor acerca de que el aborto inseguro es una causa importante de mortalidad materna que puede, y debe, prevenirse mediante la educación sexual, la planificación familiar, los servicios para un aborto sin riesgos en la medida que lo permita la ley y la atención posterior al aborto en todos los casos. En los países donde las leyes son restrictivas, las causales bajo las cuales se despenaliza el aborto se basan, principalmente y de manera casi unánime, en cuestiones vinculadas con la salud, evocando así el mismo principio que se plasmó al inicio de los programas de planificación familiar: para preservar la salud de la madre y el niño.

También hay consenso respecto de que siempre debe ofrecerse atención posterior al aborto y de que es fundamental ampliar el acceso a un método anticonceptivo moderno para prevenir los embarazos no deseados y los abortos inseguros. En consecuencia, la justificación lógica desde el punto de vista de la salud pública para evitar el aborto inseguro es clara e inequívoca.

La lucha de las feministas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres no sólo se ha manifestado en los intentos por despenalizar el aborto; en la actualidad la discusión gira en torno a las condiciones en que las mujeres abortan y podrían abortar, ya que ellas lo hacen a pesar de la prohibición legal. En la región de América Latina se ha observado que aun en aquellos casos en que la ley permite la práctica del aborto, se conjugan múltiples factores para que el ejercicio de este derecho sea sumamente difícil. Entre ellos, el discurso feminista enfatiza la exigencia democrática que demanda un acceso igualitario al servicio médico de interrupción del embarazo no deseado como una cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está condicionado por la capacidad económica de las mujeres. Mientras que son una minoría quienes tienen los medios económicos y la información necesaria para acceder a abortos en óptimas condiciones, la gran mayoría de las mujeres recurren a medios altamente riesgosos o clandestinos, que a su vez producen serias consecuencias para su salud física y mental, además del alto costo económico que esto último representa.

Una línea argumentativa más reciente, enarbolada por diversos actores institucionales y personales, se refiere a la mención del derecho al aborto como parte de los derechos humanos. Hay diversos materiales recientes que incluyen listados de algunos derechos y su aplicación al aborto. Entre los derechos mencionados se encuentran: el derecho a la salud, a la vida, a vivir libres de discriminación, a no vivir trato inhumano o degradante, a la información, a vivir libres de violencia, a los beneficios del avance científico, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la intimidad y la confidencialidad, a decidir el número y espaciamiento de los hijos.

Esta línea argumentativa, relativamente nueva, tiene como antecedente el trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos para la que “la promoción y protección de la salud requiere de esfuerzos concretos y explícitos para promover los derechos humanos y la dignidad”. Incluir este punto de vista implica enfatizar los efectos negativos sobre la salud sexual y reproductiva de factores tales como la desigualdad social, la discriminación y la violencia de género, por ejemplo.

Uno de los pilares del debate más reciente se centra en el análisis y discusión del aborto como una cuestión estrechamente vinculada al proceso de redefinición de la identidad femenina frente a la masculina, a las relaciones de género y al rol que juegan los varones en la práctica del aborto y en general en el ámbito reproductivo. Las feministas consideran que el aborto no es una cuestión deseable, y que incluso puede ser una experiencia traumática, pero que su despenalización/legalización es un punto importante a ganar en la recuperación del cuerpo de las mujeres no sólo frente a la ideología conservadora y frente al Estado, sino que también frente al varón en términos de las relaciones de género que prevalecen.

Dada la fuerte presión que ejercen las iglesias entre los legisladores y otros estamentos de poder para frenar cualquier iniciativa de despenalización del aborto el movimiento feminista apela a la laicidad del Estado y la importancia que ello reviste en la construcción de la ciudadanía de todas las mujeres, siendo que el dilema actual se inscribe entre la libertad individual y la responsabilidad social.

Finalmente, otro argumento a favor del aborto es el reconocimiento del derecho al placer. Es indispensable reconocer que la sexualidad y las relaciones de género tienen gran trascendencia, por lo que se hace hincapié en la necesidad de otorgar formación sobre sexualidad, incluyendo componentes de género y poder, en diversos momentos de la vida y a todas las mujeres, y no sólo a las casadas o unidas. Desde esta perspectiva, reforzar la autonomía femenina en el ámbito público refuerza su autonomía en lo privado.

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