Por una reforma laboral integral en República Dominicana (y III)

Propuesta de una reforma laboral integral para una mayor inclusión social

El conjunto de políticas para una reforma laboral integral delineadas a continuación están dirigidas a mejorar significativamente la eficiencia del mercado laboral, del modelo de crecimiento económico, y de las políticas públicas vinculadas con el mercado de trabajo, muy particularmente, a mejorar el ingreso laboral, la empleabilidad y la protección social de los trabajadores dominicanos y sus familiares, así como a promover la estabilidad del empleo.

Desde una perspectiva multidimensional en términos de los determinantes y de los vínculos del pobre desempeño del mercado laboral con la persistencia de la alta desigualdad social en República Dominicana, la Reforma Laboral Integral que proponemos contiene los lineamientos generales de las políticas de reforma en el campo laboral, o sea, las orientaciones de políticas que impactarían directamente el mercado de trabajo.

Algunas de las propuestas de políticas están contenidas en la END y en el Plan Nacional de Empleo, como son las políticas macroeconómicas y productivas que promueven la inversión y el ahorro para la creación de empleos, mejoren el clima de negocios y el acceso al mercado financiero de créditos, las de apoyo a MIPIMES, las de generación de empleos formales.

En el caso de las políticas de capacitación técnica y formación para el empleo, se adoptan las formuladas en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030) y en el Plan Decenal de Formación Técnico Profesional 2008-2018.

Con un enfoque integral, el conjunto de políticas se articulan en cuatro ejes estratégicos: 1) políticas para aumentar e igualar las oportunidades de acceso a empleos formales; 2) políticas para mejorar la productividad, los ingresos del trabajo y la protección social; 3) políticas para fomentar la estabilidad laboral productiva; y 4) políticas de reformas al modelo de crecimiento económico. En cada se eje se establecen los objetivos específicos y las recomendaciones o líneas de acción.

A su vez, atendiendo a las determinaciones e interacciones del mercado laboral, las políticas se han agrupado en tres áreas de reforma: i) legislación laboral; ii) institucionalidad; y iii) políticas activas. Además, se distinguen las que afectan la institucionalidad y las políticas activas que inciden en el empleo y el capital humano, de aquellas políticas que pueden comprimir la desigualdad de ingresos laborales vía la reducción de la desigualdad salarial o mediante la reducción de la informalidad.

Con respecto a la institucionalidad del mercado laboral, las líneas de políticas propuestas se orientan a mejorar las capacidades de formulación, evaluación y monitorio de las políticas laborales y de articularse con las demás políticas sociales y con las políticas económicas que inciden directamente en el mercado laboral; de mejorar las capacidades de coordinación inter sectorial y territorial de las políticas activas de empleo y de protección social y de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral; y de coadyuvar al incremento de la creación de capacidades, aprendizajes y conocimientos de la fuerza laboral, abarcando los derechos individuales, los derechos colectivos, los mecanismos de aplicación (inspección y justicia laboral) y las normas de acceso a la seguridad social.

En relación con las políticas activas de empleo, se ha tenido en cuenta que en general las mismas suelen clasificarse en tres tipos: i) capacitación y formación para el trabajo: políticas dirigidas tanto a los grupos en desventaja y las poblaciones más vulnerables, como al resto de los adultos ocupados, para promover la productividad y las capacidades de la fuerza laboral; ii) servicios públicos de empleo e intermediación laboral: políticas de apoyo a la búsqueda de empleo, servicios de colocación y derivación para capacitación; y iii) creación de empleo: políticas de generación de empleo en forma directa o indirecta (a través de subsidios, apoyos o incentivos a ciertas industrias).

Buena parte de los lineamientos de políticas propuestos, sobre todo los relativos a las regulaciones laborales y a la institucionalidad del mercado de trabajo, implican modificaciones al Código de Trabajo actualmente vigente, distinguiendo dentro de estas las que tienen impacto en los ingresos de los trabajadores o inciden en las condiciones del trabajo de aquellas que mejorarían en la capacidad de negociación de los trabajadores.

Los lineamientos de políticas presentadas se enmarcan en la propuesta de compromiso de un contrato social o acuerdo transversal de las fuerzas o representaciones de los sectores económicos, sociales y políticos de la sociedad y el Estado dominicano.

Este Pacto Nacional por una Reforma Laboral Integral debe incluir el acceso al empleo en condiciones de trabajo decente, en especial las políticas de calificación y formación profesional; el aumento de la productividad y su apropiación equitativa; la valorización de los salarios (mínimos y de mercado) y otros ingresos del trabajo; el fortalecimiento de la protección frente al desempleo; la formalización del empleo y el fortalecimiento de la protección social contributiva; la eliminación de las diversas formas de discriminación (género, orientación sexual, inmigrante haitiano, personas con VIH/SIDA y otras) y la promoción de la igualdad de oportunidades y trato; las políticas dirigidas a la juventud y a la promoción de la autonomía económica de las mujeres; la eliminación del trabajo infantil y todas las formas de trabajo forzoso, obligatorio y degradante; la libertad sindical y de negociación colectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social, así como la protección de los derechos de los trabajadores migrantes.

A continuación, presentamos una síntesis de las diversas políticas contenidas en nuestra propuesta.

Primer Eje: Políticas de reformas al modelo de crecimiento económico que fomenten

                   la generación empleos productivos, la convergencia productiva y la equidad

• Políticas macroeconómicas que favorezcan y promuevan la estabilidad y sostenibilidad del crecimiento económico con mayor equidad.
• Políticas productivas y de innovación.
• Políticas de fomento del ahorro y la inversión para la generación de empleos productivos: políticas para mejorar el clima de negocios e inversión y políticas de apoyo y promoción de MIPYMES.

Segundo Eje: Políticas para aumentar e igualar las oportunidades de acceso a

                       empleos formales

• Mejorar la efectividad de las políticas de intermediación laboral: invertir más y mejor en servicios públicos de empleo.
• Mejorar las oportunidades laborales, tanto para los jóvenes que buscan su primer empleo como para aquellos que por una u otra razón deben reinsertarse en el mundo laboral: políticas de generación y promoción del empleo en grupos vulnerables como jóvenes y mujeres, ninis, sin sin, etc.; políticas de apoyo al primer empleo; promoción del empleo en MIPYMES.
• Formación para la inserción o reinserción laboral de adultos más allá del primer empleo: políticas activas de apoyo a la inserción laboral de los desempleados; programas de capacitación para el emprendimiento; programas de apoyo a la inserción o reinserción de personas vulnerables en el mercado laboral.
• Políticas de apoyo al ingreso durante el desempleo: protección al ingreso de los buscadores de empleo durante el desempleo.
• Políticas activas de apoyo a la inserción laboral de los desempleados: protección al ingreso de los buscadores de empleo durante el desempleo; políticas de apoyo al ingreso durante el desempleo; mejorar los incentivos a la contratación formal a través de una mejor regulación y fiscalización).

Tercer eje: Políticas para mejorar los ingresos y productividad del trabajo y promover

                   la estabilidad laboral

• Sobre las regulaciones salariales: redimensionamiento de las funciones del Comité Nacional de Salario; un piso salarial básico no sectorizado y diferenciaciones en las tarifas de salario mínimo; regulación salarial del sector público; decreto y ley para la recuperación de la dignidad del salario.
• Sobre los beneficios y compensaciones extra salariales: bonificación, protección a las trabajadoras embarazadas, licencia por maternidad y descanso por lactancia.
• Regulaciones dirigidas a mejorar las condiciones del trabajo: contratación, jornadas y horarios de trabajo, y
• Políticas para promover la estabilidad laboral productiva: regulaciones y costos del despido; capacitación técnica y formación para el empleo.
• Políticas para mejorar la regulación de la mano de obra extranjera

Cuarto Eje: Políticas de reforma a la institucionalidad laboral

• Creación de un nuevo organismo rector de las políticas laborales y de protección social: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Fortalecimiento de las organizaciones sindicales y mejora sustancial de la cobertura y calidad de la fiscalización de la legislación laboral

Si bien es ambiciosa nuestra propuesta de reforma, y requeriría años de esfuerzo para implementarse por completo, pensamos que los beneficios para los trabajadores y para la economía dominicana en su conjunto, ameritan la tarea. De implementarse estas políticas y normas reguladoras, el mercado laboral dominicano podría dejar de ser ineficiente, improductivo, altamente inestable y con poca protección frente al desempleo y los riesgos relacionados con la salud y con la vejez. Con ella apostamos a que el mercado laboral pueda transformarse para que trabajadores y empresas generen mayor valor a partir de su trabajo, impulsando el crecimiento económico, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

* Director Ejecutivo

Director del Observatorio Ciudadano del Mercado de Trabajo (OBCMETRA)