La polémica pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020 de USA

La posibilidad de que en el cuestionario o boleta que se utilizará en el censo de población de EEUU del próximo año 2020 se agregue una pregunta sobre ciudadanía (nacionalidad) ha desencadenado un virulento debate sobre la pertinencia de esta para censar a la población inmigrante que residen en el país.

Cumpliendo con un mandato emanado del despacho del Presidente Donald Trump,  el 12 de diciembre de 2017 el Departamento de Justicia solicitó a la Oficina del Censo que restablezca en el Censo de 2020 la pregunta sobre ciudadanía para proporcionar datos de la población de personas en edad de votar (CVAP, por sus siglas en inglés), y de esa manera hacer cumplir la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) -VRA- de 1965, la cual protege los derechos de voto de las minorías. El Departamento de Justicia argumentó que la recolección de tal información era necesaria “para asegurar un recuento preciso, coherente con la aplicación adecuada de dicha ley”. Como ha informado a la opinión pública y declarado la semana pasada ante la Corte Suprema el secretario de Comercio Wilbur Ross, “con ello se quiere recolectar datos sobre ciudadanía y que la información recogida indicaría donde viven los ciudadanos aptos para votar y mejoraría la aplicación de la Ley del Derecho al Voto”. Como divulga en su web la Oficina de Censos de USA, “La pregunta sobre el estatus de ciudadanía de cada persona se usa para crear estadísticas sobre la población de ciudadanos y no ciudadanos. Estas estadísticas son fundamentales para aplicar la Ley de Derecho al Voto y sus amparos y sus protecciones contra la discriminación electoral”.

Aunque en apariencia la iniciativa del Presidente Trump, que tiene amplio respaldo entre los legisladores republicanos y parecería que también entre los jueces conservadores de la Corte Suprema, es una decisión meramente técnica, ha sido impugnada a la fecha por varios jueces de tribunales, fiscales generales, legisladores y líderes políticos del Partido Demócrata, organizaciones de defensa de los inmigrantes e importantes medios de comunicación, como el New York Times. Contrario a los argumentos en defensa de la pregunta sobre ciudadanía que esgrime el Gobierno,  las personalidades y organizaciones que se oponen a la misma alegan que la verdadera y oculta intención de la orden que dio Trump al Secretario del Departamento de Comercio, y este a su vez al director del Buró de Censos de USA, de incluir una pregunta sobre la nacionalidad de las personas, es identificar a los inmigrantes indocumentados para aplicar su agenda anti inmigrante y reducir para las próximas elecciones la población con derecho al voto en los estados, condados y distritos electorales con alta presencia de inmigrantes hispanos, los que mayoritariamente votan a favor del Partido Demócrata.

En Estados Unidos, la pregunta de ciudadanía se incluyó en casi todos los censos de población entre 1820 y 1950. Esa última vez se preguntó dónde había nacido cada persona; y en una pregunta de seguimiento, preguntaba que “Si nació en el extranjero, ¿está naturalizado?”. Pero esa pregunta sobre la ciudadanía desapareció en 1960, y en su lugar sólo se ha preguntado a la fecha por el lugar de nacimiento. A partir del censo de 1970 las preguntas sobre ciudadanía se incluyeron en el cuestionario de formato largo (ampliado), pero no en el formulario corto (básico). La Oficina del Censo comenzó a enviar alrededor de dos cuestionarios: un cuestionario breve para recopilar información básica sobre la población y un formulario largo que hacía preguntas detalladas sobre todo, desde los ingresos del hogar hasta la plomería de la vivienda. La forma corta se utilizó en la mayoría de los hogares. El formulario largo se envió a una muestra de hogares mucho más pequeña, 1 de cada 6. Por ejemplo, en el 2000, se les preguntó a los que recibieron el formulario largo, “¿Es esta persona un CIUDADANO de Estados Unidos?”. Actualmente la pregunta de ciudadanía está incorporada en la Encuesta anual de la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) que se levanta desde 2005. Por tanto, sería por primera desde 1950 que se pregunta la ciudadanía a toda la población en el Censo de Población.

¿Cuáles son las implicaciones o consecuencias que puede traer la incorporación de la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de Población del próximo año de EEUU en términos de demografía lectoral, en la distribución espacial de la población con derecho a voto, y por consiguiente en la distribución del poder político y en la distribución del presupuesto nacional, e incluso en la población en general de ciudadanos y no ciudadanos residentes de derecho o de hecho en USA?

Lo primero es que del Censo del 2020 dependerá el reparto de unos 700,000 millones de dólares en subvenciones federales y la designación del número de escaños en la Cámara de Representantes para cada estado. Las cifras del censo también se utilizarán para prorratear los distritos de la Cámara de Representantes y para la redistribución de distritos en todos los niveles del gobierno. Con los datos derivados del Censo se determinará dónde se construirán escuelas, carreteras, hospitales, centros de cuidado infantil, centros para personas de la tercera edad y otros servicios. Según una estimación, hay alrededor de 300 programas de subvenciones federales que se orientan con información del Censo. Estos programas incluyen los de salud pública conocidos como Medicaid y Medicare, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por su acrónimo en inglés), subvenciones o becas del Título I a agencias educativas locales y a los programas de almuerzo escolar bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria, Becas de Educación Especial (IDEA), Programa de Seguro de Salud Infantil del Estado (CHIP) y Head Start, subsidios al Programa de Planificación y Construcción de Carreteras, bonos de elección de vivienda conforme de la Sección 8, Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Recursos, entre otros  programas.

En Estados Unidos, la pregunta de ciudadanía se incluyó en casi todos los censos de población entre 1820 y 1950. Esa última vez se preguntó dónde había nacido cada persona; y en una pregunta de seguimiento, preguntaba que “Si nació en el extranjero, ¿está naturalizado?”. Pero esa pregunta sobre la ciudadanía desapareció en 1960, y en su lugar sólo se ha preguntado a la fecha por el lugar de nacimiento

Por tanto, de acuerdo a los que proponen no incluir la ciudadanía en el Censo, un sub conteo del Censo pondría en peligro la financiación federal que los estados necesitan para brindar cobertura médica, financiación para educación pública, asistencia alimentaria, oportunidades de vivienda, asistencia energética y otros servicios, y apoyo para millones de residentes, independientemente de la condición de ciudadanía. Esta reducción de financiación generalizada perjudica a todos, comenzando por los sectores más vulnerables, incluidas las comunidades de bajos ingresos y los niños.

El propio Buró del Censo ha aportado evidencias sobre el efecto que tendría incluir la pregunta de ciudanía en el Censo de Población preguntando a todas las personas. En un informe presentado ante la Corte Suprema hace menos de tres años, cuatro ex directores de la Oficina del Censo –designados en gestiones presidenciales tanto del Partido Republicano como del Demócrata– explicaron, fundamentados en su experiencia, que “en general, una pregunta sobre ciudadanía realizada individualmente a cada empadronado inevitablemente conduciría a un índice de respuesta al Censo inferior al debido”, y “afectaría gravemente la capacidad de la Oficina del Censo para cumplir con la realización del recuento que la Constitución expresamente establece: para determinar la cantidad total de personas residentes en cada estado con el propósito de establecer la distribución de las bancas de la Cámara de Diputados entre los estados”. Los ex directores explicaron que “la experiencia reciente demuestra que hubo una participación inferior en el Censo y que aumentaron, en general, las sospechas sobre la recolección de información por parte del gobierno. Existen temores, en especial, entre los no ciudadanos. Existirían pocos incentivos para que los no ciudadanos brinden información al gobierno sobre su condición real; el resultado [de las preguntas sobre la condición de ciudadanía] representaría un índice menor de respuestas totales y un incremento de la falta de precisión en las respuestas”.

La Oficina del Censo rechazó la incorporación de una pregunta de ciudadanía en el  cuestionario del Censo de 2010, y ha advertido reiteradamente acerca del riesgo de obtener una menor cantidad de respuestas y fidelidad imprecisa en los datos. Las preguntas sobre “ciudadanía son especialmente susceptibles” para los individuos que “tienen la sensación de que  la información es utilizada en su contra”, por ende, “cualquier esfuerzo para verificar la ciudadanía inevitablemente amenazará la precisión total del recuento de la población”, lo cual es requerido por la Constitución, ha afirmado la Oficina del Censo, identificando a la población de inmigrantes como una de las varias poblaciones difíciles de censar, y diseñó una campaña de educación pública significativa, para aumentar la participación de ese grupo. De manera similar, la Oficina organizó un grupo de trabajo para la recomendación de estrategias que minimicen la falta de participación de inmigrantes indocumentados, inmigrantes latinos y asiáticos.

Ante la petición del Secretario de Comercio, el propio Buró de Censos ordenó la realización de un estudio sobre el impacto que tendría la pregunta sobre ciudadanía  en la población inmigrantes, principalmente en la de origen hispano.  En este estudio titulado Understanding the Quality of Alternative Citizenship Data Sources for the 2020 Census, se encontraron los siguientes resultados:

• “Los datos de ciudadanía provenientes de una encuesta producen estimaciones significativamente más bajas de la proporción de ciudadanos no ciudadanos que se obtendrían a partir de los registros administrativos disponibles en la actualidad.

• “Nuestra evidencia es consistente con los encuestados no ciudadanos que reportan erróneamente su propio estado de ciudadanía y no reportan el de otros miembros del hogar”.

• “La evidencia también sugiere que agregar una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020 conduciría a tasas de auto-respuesta más bajas en hogares que potencialmente no tienen ciudadanos, lo que resultaría en costos de trabajo de campo más altos y un conteo de población de menor calidad”.

• Basado en una combinación de registros administrativos y la ACS 2016, estimaron que el 28.6 por ciento (9.8 por ciento) de todos los hogares potencialmente podría contener al menos un no ciudadano. Combinar estos supuestos implica un adicional de 2,090,000 hogares (630,000 hogares) y 6.5 millones de personas (1.6 millones de personas).

• Usando el análisis en el párrafo anterior, la carga de trabajo estimada aumentará en aproximadamente 2,090,000 hogares (630,000 hogares), o aproximadamente 1.66 puntos porcentuales (0.5 puntos porcentuales). La adición de una pregunta sobre la ciudadanía podría aumentar el costo del Censo de 2020 en al menos $ 91.2 millones.

• En el estudio se llega a la conclusión de que los análisis descriptivos y de regresión sugieren que muchos no ciudadanos informan erróneamente sobre su propia ciudadanía en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) y, en muchos casos, no la proporcionan en absoluto a otros no ciudadanos en el hogar. La evidencia también sugiere que algunas personas naturalizadas no notifican a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) sobre su cambio en el estado de ciudadanía o lo hacen con retraso. Esta debilidad potencial en los datos de la SSA ilustra la conveniencia de obtener datos de ciudadanía más oportunos y completos de los Servicios de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y del Departamento de Estado.

• La implicación es que agregar una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020 daría lugar a tasas de auto-respuesta más bajas en hogares que potencialmente no tienen ciudadanos, lo que resultaría en un mayor trabajo de campo de seguimiento de no respuesta (NRFU), más respuestas indirectas y un recuento de población de menor calidad.

En otro estudio,  Cálculo del efecto de hacer preguntas sobre los ciudadanos en el censo de los EEUU: Resultados de un ensayo aleatorio controlado se eencontró que el hecho de preguntar sobre la ciudadanía en las ciudades y los estados de interés aumenta significativamente el porcentaje de preguntas omitidas, con efectos particularmente fuertes entre los hispanos, y hace que sea menos probable que los encuestados informen que tienen miembros de su hogar que son de origen hispano. Los resultados implican que preguntar sobre la ciudadanía reducirá el número de hispanos reportados en el Censo de 2010 en aproximadamente 4.2 millones, o alrededor de 8,4 por ciento de la población del 2010.

La investigación sugiere que dado que es probable que muchos hispanos vean la cuestión de la ciudadanía como discriminatoria y potencialmente vinculada a la aplicación de la ley de inmigración, parece probable que deprima las tasas de respuesta. Aunque algunos académicos han intentado encontrar formas de mejorar la ansiedad que enfrentan los hispanos con respecto al Censo, sigue existiendo la preocupación de que la cuestión de la ciudadanía llevará a un recuento insuficiente. Los estudios que utilizan datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) han encontrado algunas pruebas consistentes con esta expectativa.

De otro lado, en el ámbito judicial, a la fecha tres jueces federales han fallado en contra de incluir la pregunta ciudadanía en el Censo 2020 de USA. En enero de 2019, el Tribunal estadunidense para el Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la Oficina del Fiscal General de Nueva York en una demanda para impedir que la Administración Trump exigiera información de ciudadanía en el Censo de 2020. En su decisión de 277 páginas, el juez federal Jesse Furman alegó que si bien la pregunta sería constitucional, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había procedido de manera arbitraria para agregarla al censo de Estados Unidos y que no había seguido el proceso administrativo adecuado:

La evidencia muestra que el Secretario Ross había decidido agregar la pregunta por razones que no tenían nada que ver con el cumplimiento de VRA [Ley de Derechos de Votación] mucho antes de persuadir al DOJ [Departamento de Justicia] para que realizara su solicitud. Y ciertamente muestra que no estaba dispuesto o no podía considerar racionalmente los argumentos en contra de la pregunta […] cuando supuestamente estaba involucrado en la “revisión exhaustiva” que llevó a su decisión final.

Otros dos tribunales, los de California y Maryland, se pronunciaron en el mismo sentido. El juez federal de distrito George Hazel, en Maryland, concluyó también que hacer una pregunta sobre la ciudadanía es «arbitraria y caprichosa» y viola la Constitución y la ley federal de Procedimientos Administrativos, fallando que esto representa un «riesgo significativo» de no contar adecuadamente a hispanos y a residentes que no son ciudadanos. «Hay muchas pruebas que respaldan el hallazgo del tribunal de que una pregunta sobre ciudadanía resultará en el declive de participación en el censo de residentes no ciudadanos y hogares hispanos», escribió en su dictamen de 119 páginas.

El segundo dictamen, de un tribunal en California, también halló que preguntar a los encuestados sobre ciudadanía violaría la Constitución, la cual ordena contar a toda la gente, no sólo a los ciudadanos. El juez de distrito estadounidense Richard Seeborg de California encontró que la decisión de la administración de agregar la pregunta violaba el derecho administrativo. El juez también dictaminó que era inconstitucional porque impide que el gobierno cumpla con su mandato de contar a cada persona que vive en los EE. UU cada 10 años. «En resumen, la inclusión de la cuestión de la ciudadanía en el Censo de 2020 amenaza la base misma de nuestro sistema democrático, y lo hace en base a una lógica contraproducente», escribió Seeborg en una opinión de 126 páginas publicada el miércoles .

De otro lado, en una declaración dirigida al Secretario de Comercio firmada por los Fiscales Generales de Nueva York, Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Mississippi, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington, y el Gobernador de Colorado, nuestra oposición a la reciente solicitud del Departamento de Justicia de incorporar la pregunta sobre ciudadanía del encuestado al cuestionario del Censo 2020. “La incorporación de la pregunta sobre ciudadanía –especialmente habiendo tan poco tiempo para el proceso de planificación del Censo 2020- disminuiría significativamente la participación, lo que resultaría en un cálculo inferior de la población, lo que perjudicaría desproporcionalmente a los estados y ciudades con grandes comunidades de inmigrantes”. “Este recuento inferior a la cantidad de residentes existentes, o sub conteo podría afectar la justa representatividad de nuestros estados en el Congreso, debilitar el papel de nuestros estados en el Colegio Electoral, y privar la distribución justa entre nuestros estados de cientos de miles de millones de dólares de los fondos federales que son distribuidos, en parte, conforme a los datos recogidos en el Censo realizado cada diez años”.

La incorporación de una  pregunta sobre ciudadanía al Censo 2020 obstaculizaría los objetivos de la Ley de Derecho al Voto. El requerimiento del Departamento de Justicia de datos de ciudadanía afirma que esta información es necesaria para garantizar el cumplimiento del Artículo 2 de la Ley de Derecho al Voto. En realidad, el cumplimiento del derecho al voto se verá perjudicado -no mejorado- al incorporar una pregunta sobre ciudadanía al Censo 2020. Dado que la solicitud del Departamento de Justicia no está respaldada por un motivo que haya declarado, la incorporación de una pregunta de ciudadanía sería arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos42.

De a cuerdo con los fiscales generales, contrario al argumento principal del Gobierno de Trump, la recolección de datos de ciudadanía perjudicaría el objetivo de una representatividad justa y efectiva para todas las comunidades, lo que pretende proteger la Ley de Derecho al Voto. “Cualquier método de recuento que predeciblemente cuente de manera inferior a la cifra real alguna de las  comunidades – como lo haría la propuesta del Departamento de Justicia – significará  que esas comunidades no podrán estar representadas justamente cuando se distribuyan los escaños legislativos y se tracen los límites del distrito”.

Pese a las evidencias arrojadas en las investigaciones contratadas por el Buró de Censos y  a las recomendaciones de los asesores y ex directores, el actual director apela a la confidencialidad  de los datos del censo que establece la Ley del Censo, Título 13 del Código de los Estados Unidos para garantizar que los datos no serán utilizados para identificar a los inmigrantes: “Sé que una preocupación importante es la forma en que se utilizarán los datos del censo y, a menudo, se plantea la cuestión de si la Oficina del Censo comparte información con agencias policiales como el FBI, ICE o incluso la policía local. Le aseguro que esto no sucede y está prohibido por el Título 13. El Título 13 deja muy claro que los datos que recopilamos solo pueden utilizarse con fines estadísticos y no pueden compartirse con fines no estadísticos, incluida la aplicación de la ley”.

Las evidencias y bien documentados y consistentes argumentos antes expuestos de los investigadores expertos en censos, jueces y fiscales generales indican que la intención del Trump es claramente política, y que este caso es una palmario muestra de que si bien las cifras demográficas que se derivan de los censos de población son insumos básicos para la planificación, la programación, la formulación de proyectos, estrategias y políticas en el sector público, las magnitudes de los fenómenos, variables y procesos demográficos van más allá del significado estadístico de su medición, pues tienen implicaciones, determinaciones, consecuencias e interacciones con otros fenómenos de orden económico, político, social, cultural, biológico, de los que necesariamente tiene que dar cuenta la demografía para validar su condición de ciencia social transversal.

La decisión final sobre la incorporación de la controvertida pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020 la tendrá y anunciará en los próximos días la Corte Suprema de EEUU, que el martes 23 de la pasada semana celebró la primera sesión sobre el caso. Los nueve jueces del Supremo, cinco conservadores y cuatro progresistas, escucharon durante cerca de 80 minutos los argumentos a favor y en contra de la pregunta de ciudadanía. Las versiones periodísticas indicaron que los magistrados conservadores se mostraron por instantes a favor de permitir que la inclusión de la pregunta prospere.