Fuente: Interno / 14 de mayo del 2016
SANTO DOMINGO.- De acuerdo a la publicación semestral “Notas de Coyuntura Laboral”, elaborada por el Observatorio Ciudadano del Mercado de Trabajo (OBCMETRA), en el programa de gobierno para el período 2016-2020 presentado en las pasadas elecciones, el reelecto presidente Danilo Medina se comprometió con un conjunto de acciones de políticas sobre el empleo, el desempleo, la informalidad laboral, la formación y capacitación técnica, la seguridad social, el emprendedurismo, y otros temas del mercado de trabajo, que de implementarlas o impulsarlas mejorarían la empleabilidad y ciertas condiciones del trabajo.
Además de las promesas y compromisos hechos por el Presidente como candidato en las pasadas elecciones, tendrá que implicarse en la solución a problemas y temas laborales con los que no asumió compromiso o en el peor de los caso, ni siquiera mencionó en su campaña, algunos de ellos pendientes en la agenda de políticas y reformas pautadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, como es la reforma laboral.
A su vez, la exclusión de la reforma laboral deja implícitamente fuera de la agenda de políticas propuestas por el Presidente electo temas de capital importancia para los trabajadores, como son la protección ante el desempleo (cesantía, seguro de desempleo), las regulaciones sobre las condiciones del trabajo (contratación, jornadas y horarios, horas extras, vacaciones, bonificación, etc.), la higiene y seguridad en el trabajo, las normas de sindicalización y negociación colectiva, la arquitectura institucional del mercado laboral.
Principales retos y desafíos en materia laboral del próximo gobierno de Danilo Medina
Generación de empleos y políticas activas del mercado laboral
La insuficiente generación de empleos, especialmente jóvenes, mujeres y segmentos sociales vulnerables es uno de los grandes retos de la política de empleo para el próximo cuatrienio. Para poder reducir significativamente los altos niveles de desempleo y la baja 2 empleabilidad de la población en edad activa, el gobierno tendrá que planearse el desafío de superar en demasía la meta de crear 100,000 empleos al año.
Las políticas orientadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes deben enfocarse desde una perspectiva de trayectorias laborales, mejorando las condiciones para un primer empleo adecuado, con intervenciones para mejorar la calidad de la educación básica, garantizar la conclusión de la escolaridad formal, e integrando aspectos de preparación para el mundo del trabajo.
Con respecto a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), se hace necesario un régimen especial laboral y de seguridad social para las micro y las empresas más pequeñas, pero sin precarizar el empleo en estas unidades productivas. Además de la diferenciación salarial que establece el CNS, otros incentivos tributarios que reducirían los costos laborales de la MYPES son la exoneración del pago de bonificación y la reducción del pago de nómina a la seguridad, mediante un régimen especial de cotización, como dispone la Ley 488-08 en su Artículo 23.
El problema del alto desempleo y la alta informalidad e inestabilidad en el empleo exige del gobierno un firme compromiso con el fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos de empleo y la regulación de los del sector privado. Deben fortalecerse significativamente los servicios de intermediación laboral y capacitación para el empleo y el emprendimiento, y en especial la Bolsa Electrónica de Empleo, aún de cobertura limitada a las personas con cierto nivel instrucción y con acceso a la red de internet.
El mejoramiento de los salarios
Las únicas promesas en materia salarial hechas por el candidato Danilo Medina fue promover, en el marco del Comité Nacional de Salarios, la fijación de salarios mínimos de acuerdo con la evolución de la productividad sectorial y de la inflación e impulsar una política de cero discriminación salarial de género a nivel nacional.
No obstante, la próxima gestión tendrá el enorme reto de propiciar la inclusión en pacto fiscal progresiva un compromiso Gobierno-empresarios-trabajadores de declarar de emergencia nacional la recuperación de la capacidad de compra de los salarios en República Dominicana, y en general del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
Dado el alto porcentaje de trabajadores pobres y la cercanía de los salarios mínimos actuales con las líneas de pobreza, el criterio predominante para la fijación y revisión de las tarifas de salarios mínimos debe ser el costo de la canasta básica de bienes del primer quintil de menores ingresos ajustada por inflación.
Con respecto a los salarios del sector público, como parte del contrato social que se firmaría en el marco del Pacto Fiscal, debería comprometerse a dar cumplimiento a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, promulgando el Reglamento que regulará la aplicación de dicha ley e incluir en el Presupuesto de la Nación del año 2017 los recursos financieros para la aplicación de las nuevas escalas salariales que establece dicho reglamento.
La protección social de los trabajadores.
Con respecto a la seguridad social, para poder cumplir con sus compromisos de campaña, el Presidente Danilo Medina está compelido a impulsar y hasta forzar una reforma progresiva a la Seguridad Social que, en correspondencia con el pacto fiscal y la reforma laboral, mejores sustancialmente la calidad y cobertura de los servicios de salud, los bajos montos de las pensiones y corregir las distorsiones introducidas al original Plan Básico de Salud que implican significativos gastos de bolsillo en afiliados de sectores medios o en los estratos de más bajos ingresos.
La reforma laboral: el gran tema ausente en las propuestas de políticas de Danilo Medina
Si bien como candidato el Presidente electo Danilo Medina excluyó del programa de gobierno 2016-2020 el compromiso asumido en el cuatrienio 2012-2016 de impulsar la reforma laboral, está obligado por ley a dar continuidad a la iniciativa en curso iniciada en su actual gestión. La reforma laboral tiene que ser un tema de primerísima prioridad en la agenda de reformas económicas y sociales pendientes en República Dominicana.
Ahora bien, para que el muy deficiente mercado de trabajo dominicano pueda contribuir a reducir las enormes brechas de ingresos laborales y de acceso a empleos decentes, seguridad y protección social que mantienen excluidos de la prosperidad económica a los trabajadores pobres y a un segmento significativo de empleados de ingresos medios, la reforma laboral que se requiere implementar en la República Dominicana tiene que ser progresiva e integral.
El enfoque de integralidad que se requiere implica que el pacto fiscal debe incluirse no sólo acuerdos sobre los salarios de los trabajadores sino también sobre el problema de la informalidad en el empleo y en la economía, la sostenibilidad financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sobre cómo el Gobierno obtendrá los recursos financieros para implementar las políticas de seguridad social, las políticas activas de empleos y otras políticas que buscan mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo.